El desarrollo alternativo en los países andinos

 
La lucha contra el narcotráfico en los países andinos abarca toda la cadena de este negocio ilícito: cultivos, procesamiento, comercio de precursores químicos, tráfico nacional e internacional de los estupefacientes, consumo, lavado de divisas. Los programas que se centran en la erradicación de los cultivos ilícitos tienen un componente represivo (erradicación forzosa mediante fumigaciones con desfoliantes químicos y criminalización de las actividades de cultivo) y un componente zanahoria, el desarrollo alternativo. Luego de varios años de experimentación parece que el desarrollo alternativo muestra algunos éxitos en el caso de Bolivia y en menor grado en el Perú. No aparecen aún resultados sólidos en Colombia y al contrario, los efectos del Plan Colombia amenazan con afectar a los países vecinos.

Los programas de desarrollo alternativo van a continuar por varios años más, dado el apoyo financiero del gobierno norteamericano y de la Unión Europea, y ante la ausencia de políticas de desarrollo más comprensivas por parte de los gobiernos de los países productores de coca y amapola. En otras palabras, la crisis fiscal y las orientaciones de política prevalecientes en los países andinos han conducido al debilitamiento y eventual desaparición de los programas de Desarrollo Rural Integrado, de suerte que los recursos externos orientados a la sustitución de cultivos ilícitos se mantendrán como recurso imprescindible para los países. El éxito o fracaso de los mismos será también fuente de estabilidad o conflicto.

Pero cómo medir el éxito del desarrollo alternativo? Si es por el número de hectáreas de coca y amapola erradicadas se puede hablar de éxito en Bolivia, algo menos en Perú, y de fracaso en Colombia. Entre 1992 y mediados del 2001 el primero pasó de 48.000 a 13.500 hectáreas, el segundo de 129.000 a 34.000 y en el último la tendencia fue opuesta, de 38.000 a 136.000.

Si se mide por reducción de la oferta disponible de estupefacientes en el mercado de los países desarrollados, como ésta ha crecido tenemos un tremendo fracaso de los programas antinarcóticos, incluido el desarrollo alternativo.

Pero el punto importante que los expertos han documentado (agradezco los aportes de Francisco Thoumi, Eduardo Gamarra y Carl Cira, aunque mis comentarios no los compromete) es que el éxito de las políticas y programas antinarcóticos -en los países productores- debe medirse en términos de estabilidad institucional nacional y regional, consolidación de la ley, la confianza y la legitimidad del Estado, reconstrucción del tejido social, bienestar y empoderamiento de las comunidades, generación de empleo productivo, adopción de modelos productivos económica y ambientalmente sostenibles, etc. Claro, en el largo plazo la erradicación de los cultivos ilícitos contribuye a estos objetivos, pero en el corto y mediano plazo los resultados pueden ser críticos. Dependen mucho del entorno social y político existente.

El mayor éxito relativo del desarrollo alternativo en Bolivia seguramente se asocia a la existencia de una fuerte organización gremial de los campesinos e indígenas cocaleros, interlocutor válido de los programas institucionales. Aún así los conflictos actuales señalan con alarma que el proceso debe ser rápidamente profundizado y fortalecido o se revierte.

La base de los avances logrados en el Perú parece estar en el hecho de que allí la lucha antinarcóticos se concentró más en la interdicción aérea que en la confrontación directa a los campesinos e indígenas cocaleros.

El fracaso en Colombia se debe, entre otros, a los siguientes factores: primero, el énfasis de los programas antinarcóticos se puso en la represión a la amplia base social de campesinos e indígenas y no en la interdicción al tráfico o al resto de la cadena del negocio ilícito. En segundo lugar, a la carencia de una fuerte y autónoma organización gremial representativa de los campesinos cocaleros. Esa debilidad es producto de la guerra interna que desangra a las organizaciones sociales. Tercero, a la presencia de actores armados como la guerrilla y los paramilitares que se nutren del negocio y que responden a lógicas diferentes a las de los campesinos e indígenas cocaleros. Cuarto, talvez no se trata sólo de "éxitos" en Bolivia y Perú sino de racionalidad económica de las mafias de narcotraficantes, las cuales concentraron la producción, procesamiento y canales de distribución en el país que ofreció las condiciones de crisis institucional más grande y las mayores ventajas logísticas. Por eso la oferta global de narcóticos se mantiene y aún se incrementa.

De forma más general puede argumentarse que los programas de desarrollo alternativo, al focalizar la intervención del Estado y los subsidios en las comunidades vinculadas a los cultivos ilícitos penalizan a las comunidades no vinculadas, generando un efecto demostración a favor de narcocultivos; los programas implican pesados subsidios de difícil sostenibilidad; la oferta ambiental y de infraestructura en las zonas cocaleras colombianas es la más precaria de la región andina; en todo caso, no se trata apenas de sustituir unas plantas (coca, amapola) por otras, sino una cultura rentista, especulativa y violenta, por otra, productiva, solidaria y pacífica.

www.state.gov/p/wha/rt/index.cfm?docid=2925
www.state.gov/p/wha/rt/index.cfm?docid=1364
Thoumi, Francisco, 1994, Economía política y narcotráfico, Bogotá: Tercer Mundo Editores.