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Qué ha pasado con la Convención Interamericana contra la Corrupción? El primer aspecto, parte de reconocer como un buen punto de partida el que hasta la fecha, veintiséis Estados ya han firmado la Convención y dieciocho de ellos, la han ratificado. Pero como diría el secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA , Cesar Gaviria Trujillo, “un propósito colectivo debería ser el de buscar que la Convención entre en vigor en todos los países de las Américas”. En este mismo sentido, falta aun la ratificación a esta Convención por parte del senado de los Estados Unidos y este seria un claro gesto para demostrar - como lo expresó la secretaria de Estado, Madeleine Albright, durante su intervención ante el Consejo de las Américas - “que este país asume seriamente las obligaciones impuestas por esta Convención y espera lo mismo de los demás países que la integran”. En cuanto a las actividades desarrolladas por la OEA para la promoción de este Convenio en apoyo de los países miembros -y de conformidad con el Plan de Acción aprobado para esta Convención- se destacan las siguientes: 1. Aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, especialmente en la incorporación de la Convención al derecho interno, en especial en todo lo que tiene que ver con normas de carácter penal. Los países participantes han sido: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. 2. Apoyo al proyecto sobre modernización legislativa y desarrollo institucional de los poderes legislativos centroamericanos, brindando asesoría técnica en la consolidación de un proyecto de apoyo al trabajo de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana contra la Corrupción y la Narcoactividad. Esta actividad busca desarrollar anteproyectos marco de Código de Etica de la Función Pública, Etica Parlamentaria y Etica Empresarial, así como identificar algunas de las reformas legales que requiere la normativa de los países centroamericanos para incorporar en el derecho interno la Convención Interamericana contra la Corrupción. 3. Apoyo al parlamento andino en el desarrollo de políticas que promuevan y faciliten la cooperación para combatir la corrupción. La Secretaría General de la Organización, conjuntamente con la Secretaría General del Parlamento Andino, está desarrollando un proyecto que busca promover un mayor control de la corrupción al interior de los Parlamentos y a partir de ellos apoyar el proceso de fortalecimiento de los mecanismos de control de la corrupción, por parte de los órganos legislativos, así como de las violaciones a los principios y normas éticas o "códigos de conducta" en el interior de dichos órganos. Paralelo a estas actividades, recientemente fue presentada una propuesta por parte del secretario de la Organización de los Estados Americanos, OEA durante la sesión especial sobre "fortalecimiento de la probidad y la lucha anticorrupción en las Américas" consistente en solicitar a los países miembros una mayor acción sobre: - definición de mecanismos de seguimiento a los avances de la Convención Interamericana contra la Corrupción, - fortalecimiento de la cooperación jurídica y judicial, en unión de los Ministros de Justicia, las autoridades judiciales y de instituciones como el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, - coordinación de acciones entre los organismos internacionales y las instituciones nacionales con responsabilidades en la lucha anticorrupción, - fortalecimiento y consolidación de la red interamericana contra la corrupción. Esta red serviría para intercambiar información y experiencias, para cooperar entre los países miembros y coordinar acciones tanto a nivel hemisférico como con otras regiones del mundo, - consolidación del servicio de información anti-corrupción, de manera que se pueda conocer en forma sistemática y permanente los desarrollos y acciones que en materia de lucha contra la corrupción se están dando en el Hemisferio y, - aprovechamiento de la elaboración de la legislación modelo redactada con posterioridad a la Convención, para que base en estos progresos, se pueda consolidar como un servicio de cooperación con los países, el de contar con un conjunto de leyes "tipo" o "modelo" que pudieran ser de utilidad a los Estados, en el momento de elaborar, estudiar y aprobar disposiciones legislativas. El aspecto negativo frente a todas estas buenas intenciones, propuestas planteadas y actividades planteadas, se traduce en observar un margen de acción bastante reducido respecto de los países miembros frente a la lucha contra la corrupción y, que al mismo tiempo, se refleja ante el hecho considerable de una corrupción que ha tocado las mas altas esferas en algunos de los países latinoamericanos que hacen parte de este Convenio. El problema de la consolidación de instituciones democráticas por la que atraviesan muchos de los países miembros de la Convención, sumado a la carencia de una administración de justicia accesible, eficaz y fuerte, han sido algunos de los elementos negativos que han contribuido enormemente al aumento considerable del fenómeno de la corrupción. La gran mayoría de los estados latinoamericanos no están preparados para enfrentarse a un problema tan fuerte como el de la corrupción que no se circunscribe al ámbito gubernamental sino que involucra también al privado. La situación es tan compleja que impone algunas prioridades, especialmente tomando en cuenta la cooperación internacional. En este sentido una tarea fundamental de los gobiernos, para tener alguna capacidad de maniobra, es la definir mecanismos de acción inmediata a través de instrumentos tan claros como los ofrecidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, y eso debe hacerse antes de que pierdan completamente su capacidad de maniobra y su tradición democrática.
Para información adicional consulte: www.oas.org
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