Chávez y la prensa: enfrentamientos permanentes

Por Martha Lucia Pinzón

 
Nuevamente Chávez se enfrenta a la prensa. Esta vez, se trató de un escrito publicado el 3 de enero de 2001, en la sección de cartas al editor del diario venezolano, La Nación, titulado "Generales en panties", en donde el abogado venezolano y profesor universitario, Pablo Aure, criticaba al mando militar de ese país.

En la carta, Aure decía que los altos oficiales del ejército venezolano exhibían actitudes serviles, cada vez que su comandante en jefe (Hugo Chávez), les daba uno de sus ocurrentes discursos, y agregaba, que los altos mandos militares "parecían más castrados que castrenses".

Como resultado de la publicación, Aure fue arrestado por agentes militares bajo el presunto delito de "vilipendio a las fuerzas armadas" y fue solicitada una pena de tres a cinco años de cárcel por un fiscal militar. Debido a las presiones de la prensa internacional, hace pocos días el abogado fue dejado en libertad, pero sus cargos se mantienen en firme y el juicio continúa.

Este no es el primer caso de enfrentamientos entre el régimen de Chávez y la prensa. Le han antecedido casos como el de Teodoro Petkoff (cuando fue removido como director del diario El Mundo por mantener una línea en abierta oposición a Chávez), y otros más, que han sido denunciados por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.

Esta vez, lo insólito es que sea un tribunal militar el que adelante un juicio contra un civil por publicar un artículo de opinión contra los generales venezolanos. Según el ministro de defensa, General Ismael Hurtado, en declaraciones al diario venezolano El Universal, el proceso contra Aure iba más allá de su escrito y dejó entrever que el articulista podría estar vinculado a una campaña desestabilizadora que se había generado en las últimas semanas para instigar a los altos oficiales a dar un golpe de estado contra el gobierno de Chávez.

Por su parte el Fiscal General, Isaías Rodríguez, le anunció a este mismo diario que estaba dispuesto a seguir todas las acciones necesarias para lograr que el proceso pase a tribunales ordinarios. "La jurisdicción competente la establecerá el Tribunal Superior de Justicia. Para nosotros no hay ninguna duda. Si hay delito, le corresponde ventilarlo a la jurisdicción civil y el Ministerio Público va a insistir con todas las acciones legales que tiene, porque queremos establecer un precedente que sirva no sólo para regular éste, sino cualquier otro caso. La jurisdicción militar es especial de excepción y no puede convertirse en una regla mediante la cual se establezca el mecanismo para juzgar, violentando el debido proceso y los derechos de los ciudadanos".

Pablo Aure, considera que no es su libertad la que está en juego sino la democracia misma. "No podemos ser serviles, tenemos que manifestar cuando algo no nos parezca, eso sí, dentro de la democracia".