Condena a militar colombiano: un caso sin precedentes

Por Martha Lucia Pinzón

 
En julio de 1997, un grupo de paramilitares ocupó durante cinco días la población de Mapiripán, en el departamento del Meta (región ubicada al suroeste de Bogotá) asesinando a 30 personas. Esta matanza fue conocida posteriormente por la prensa como la "masacre de Mapiripán".

Los militares encargados de la seguridad de la zona eran el General Jaime Uscátegui y el Coronel Hernán Orozco, comandantes de las Brigadas del ejercito VII y II respectivamente.

Según se supo posteriormente, el Coronel Orozco tuvo conocimiento días antes de la masacre de la presencia de los paramilitares en esta población y envío un comunicado al General Uscátegui, recomendando "una operación rápida y sorpresiva sobre Mapiripán". Días después, el juez Leonardo Iván Cortés alertó a las Fuerzas Armadas, con mensajes urgentes en los que describía la escena macabra. "Cada noche matan a grupos de cinco o seis personas indefensas, que son cruelmente y monstruosamente masacrados después de torturados -- decía el juez -- los gritos de las personas humildes se pueden oír suplicando piedad y pidiendo ayuda".

El General Uscátegui ignoró estos avisos y como consecuencia de ello, treinta personas fueron asesinadas, decenas huyeron del pueblo y se unieron a la población masiva de desplazados en Colombia.

En la investigación adelantada, el General Uscátegui alegó que los mensajes eran confusos y que no hubo claridad sobre quién era el jefe militar de la región. Sin embargo, el tribunal militar condenó al general a 40 meses de cárcel por su vínculo con la masacre. El delito que se le imputa es prevaricato por omisión porque no actuó frente a los oficios que le llegaron a su despacho.

Para José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, la condena de 40 meses "supone poco más que un mes de condena por cada colombiano asesinado en Mapiripán". En declaraciones a la prensa, expresó que "es una sentencia demasiado leve como para evitar acciones de este tipo en el futuro y no se corresponde prácticamente con la gravedad de los crímenes juzgados".

Por su parte, el diario The New York Times, considera que la administración del presidente Andrés Pastrana, esta tratando de demostrar que esta tomando la línea dura contra los paramilitares y contra los posibles vínculos entre el ejército y este grupo, responsable de un gran número de las masacres ocurridas en este país.

El editorial del diario colombiano El Tiempo, cree que la condena "tiene un enorme alcance político, por el momento en el cual ocurre y por la lectura que tendrá en Colombia y en países que nos miran con tantas reservas por nuestro deplorable récord en materia de derechos humanos, del cual son mucho más responsables la guerrilla y las autodefensas."

Según la revista Semana, la opinión en Colombia esta dividida. "La izquierda celebra lo que considera un hito histórico en la defensa de los derechos humanos. La derecha, indignada, registra un exceso más del síndrome de las ONG".

Por último vale la pena afirmar que si bien la condena puede ser mínima frente a la sucedido, por lo menos es la primera vez que un alto oficial es sancionado por la justicia militar por un delito relacionado con la violación a los derechos humanos. Y es también una muestra positiva de los efectos que produce la presión internacional.

ver:

http://www.nytimes.com/2001/02/14/world/14COLO.html
www.hrw.org/hrw/spanish