10 años de la Constitución Política de Colombia

Por Martha L. Pinzon

  
El 4 de julio de 1991, Colombia promulgó una nueva Constitución reformando ampliamente sus instituciones con la clara intención de establecer un modelo político y jurídico que le permitiera encontrar un nuevo rumbo a ese convulsionado país.

Bajo ese marco normativo, se crearon entre otras instituciones, la Fiscalía General (cuya función en los procesos penales corresponde a la etapa de investigación), la defensoría del pueblo (con el propósito de establecer un canal de interlocucion entre el Estado y los ciudadanos), la Corte Constitucional (encargada del control constitucional y la protección de los derechos humanos), el Consejo Superior de la Judicatura (encargado del control y administración de la rama judicial) y por supuesto, la tutela o amparo (mecanismo de protección de los derechos fundamentales).

Diez años después, los colombianos consideran que la Constitución de 1991 no mejoró su calidad de vida, que las reformas no surtieron efecto y que los cambios no fueron significativos o fueron insuficientes. No obstante, la tutela y la defensoría del pueblo fueron percibidas de manera positiva por la opinión en general y hoy en día se percibe una mayor acercamiento entre los ciudadanos y sus instituciones.

Manuel José Cepeda, magistrado de la Corte Constitucional y promotor de la acción de tutela, cree que este mecanismo "es de los pocos medios de participación que ha funcionado" y que gracias a éste, "se puso la justicia al servicio del ser humano, no de los formalismos jurídicos". Cabe recordar, que la tutela es una acción que puede interponer cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales siempre y cuando no disponga de otro medio de defensa judicial. Hasta el momento, en Colombia han sido dictados 450.000 fallos de tutela, en donde a juicio de Cepeda "la dignidad, la igualdad, la libertad, y la multiculturalidad significan algo concreto gracias a su guía institucional, la Corte Constitucional".

Tal vez, el aspecto mas importante y sobre el cual se crearon muchas expectativas en su momento fue el de la reforma al Congreso. Una de las grandes criticas fue la elección de senadores por circunscripción nacional (sistema que le permite a un candidato al senado obtener votos en cualquiera de los diferentes departamento/regiones del país). En criterio de Alfonso López, expresidente de la república y opositor de esta figura, este sistema encareció notablemente el costo de las campañas políticas, "se plutocratizó el senado y perdieron su representación un sinnúmero de departamentos pequeños".

Para algunos observadores, la mayor frustración es que la Constitución no logró cambiar la forma de ejercer la política en Colombia, especialmente por que no se ha hecho efectiva la responsabilidad en la función política ni se ha logrado que la revocatoria al mandato sea un instrumento eficaz que impida la arbitrariedad y el abuso en el ejercicio del poder por parte de los funcionarios elegidos popularmente.

Según Cesar Gaviria, expresidente y promotor clave de la Constitución, el clima de opinión que vive el país es muy pesimista "y seria equivocado atribuir a la Constitución el clima negativo. En ese error se incurre con frecuencia en política. La recesión económica, la reticencia de los grupos guerrilleros a avanzar en el proceso de paz, la degradación del conflicto armado por el salvajismo de los violentos, entre otros, llevan a ese clima. La Constitución no es la causa de ese clima, pero si puede ser su víctima" anotó en una entrevista concedida al diario colombiano El Tiempo.

No cabe duda que el escepticismo que demuestran la mayoría de los colombianos se debe en parte a que no se han dado las transformaciones para cambiar la dura realidad del conflicto armado, pero esto no es culpa de la Constitución ni de las instituciones creadas. El país requería de profundas reformas institucionales que venían postergándose debido a la ineptitud y falta de voluntad política del Congreso y que gracias a la decisión popular de convocar a una Asamblea Constituyente, se alcanzaron especialmente en procedimientos garantes de los derechos humanos (acción popular, de cumplimiento y de tutela), y en el reforzamiento del aparato judicial (Corte Constitucional, Fiscalía, jueces de paz y jurisdicción especial de indígenas).

Seguramente como sucede con todas las Constituciones, se requerirán reformas, y especialmente de un trabajo serio en materia de reglamentación por parte de la rama legislativa, pero una cosa son los ajustes institucionales, y otra pretender que la Constitución sea la panacea a los profundos problemas como equivocadamente se pensó. La situación actual de Colombia no se superará con otra Constitución eso solo sucederá cuando los colombianos decidan colectivamente resolverla.