Salvedades de Colombia y Estados Unidos a la Corte Penal Internacional

Por Martha Lucia Pinzón

  
Hace dos meses, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tuvo que aprobar una una resolución que puso por fuera del alcance de la Corte Penal Internacional, CPI, durante 12 meses renovables, a los estadounidenses miembros de los cascos azules en misiones de paz. Esta decisión, fue interpretada en su momento como una "excepción" a las reglas previamente acordadas y sus oponentes consideraron que se trataba de un grave precedente, pues en el futuro muchos países podrían demandar las mismas garantías ofrecidas a E.U.

Efectivamente, esto fue lo que sucedió el pasado 5 de agosto cuando el gobierno Colombiano presentó una declaración ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, en la que invoca una salvedad que le impide al CPI durante los próximos siete años, juzgar a responsables por delitos contra personas o bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), cometidos por colombianos o en territorio colombiano.

Eso quiere decir que, aunque Colombia ya hace parte del grupo de 78 países que han ratificado el Estatuto de Roma (Tratado que dio orígen al CPI), excluye de la competencia de ese tribunal el conocimiento de los llamados crímenes de guerra.

Cabe anotar, que la excepción es permitida por el artículo 124 del Estatuto de Roma, y fue incluida, según los observadores, con el propósito de ayudar a los países con conflictos internos para adherir a un instrumento de cooperación internacional, sin someter a sus actores en el corto plazo. Algunos analistas creen que la salvedad eventualmente podría facilitar un proceso de paz en Colombia, debido a que permitiría otorgar inmunidad a los implicados en violaciones de los derechos humanos.

No obstante, la declaración hecha por Colombia fue cuestionada por Edgardo Maya, Procurador General de ese país, varios congresistas y miembros de ONG, al considerar que la decisión envía una confusa señal a la comunidad internacional. En este mismo sentido, un reciente editorial del diario El Tiempo dice "que resulta difícil entender que, justo el país del mundo con un conflicto armado cada día más degradado, pida que por siete años se le otorgue la salvaguarda para crímenes tan repudiables como reclutar menores, torturar, tomar rehenes, bombardear pueblos y ciudades, ajusticiar rendidos, atacar ambulancias e iglesias, escudarse en civiles o tomar la justicia en las propias manos".

El gobierno a través del Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, advierte que el uso de la salvedad "no quiere decir que se extienda un manto de impunidad sobre los crímenes de guerra" que se cometen en Colombia, ya que esos delitos quedan cobijados por la legislación interna. Los críticos de la medida, insisten en que aunque las leyes colombianas castigan esos delitos, la impunidad en el país es abrumadora y señalan que la CPI es una instancia complementaria que les recuerda a los violentos que si no son castigados en su país, sí pueden ser condenados por un tribunal internacional.

Por su parte, Estados Unidos ha venido tratando de firmar tratados bilaterales con la mayor cantidad de países posibles con el objetivo de darle inmunidad a sus soldados ante la CPI . Esto lo ha hecho basado en un artículo previsto en el Estatuto de Roma que permite la firma de esos acuerdos durante cierto tiempo. Para el portavoz del Departamento de Estado, Philip Reeker, la preocupación gira en torno a "que soldados de EE.UU. puedan encontrarse inmersos en situaciones políticamente cargadas".

Hace pocos días, el subsecretario de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos Marc Grossman le solicitó al gobierno Colombiano su respaldo para eximir de responsabilidades ante la Corte Internacional a las tropas estadounidenses en Colombia, que esten prestando servicios de asesoría militar.

Recientemente, un editorial The New York Times, escribió que esta "es una actitud tremendamente petulante de un país que jugó un papel decisivo a la hora de detener las masacres que se cometían en este conflicto étnico (refiriéndose a Bosnia) y que fue pionero en la idea de enjuiciar los crímenes de guerra en Nuremberg hace más de 50 años"..

"El argumento político -dice la revista The Economist - es que una fuerte democracia como la estadounidense resiente dejarse atar las manos por acuerdos internacionales (...) es entendible que busque evadir dichos compromisos pues siente que pueden ser usados por sus enemigos para limitar sus capacidades".

En suma, queda el interrogante para la comunidad internacional sobre el verdadero compromiso asumido por estas dos naciones en apoyar a un Tribunal que busca enjuiciar los crímenes de genocidio, agresión, de guerra y de lesa humanidad pero al que le pide simultaneamente ser eximidas de aplicar las más elementales normas del derecho internacional humanitario.